Corporaciones como las de Tacoronte, Adeje o San Sebastián de La Gomera dejarán de ingresar los fondos estatales procedentes de impuestos a partir de octubre si no presentan la auditoría de sus presupuestos del año pasado. El nivel de incumplimiento en el Archipiélago es inferior al del conjunto de España.
EL DÍA, S/C de Tenerife
Once ayuntamientos canarios no han presentado aún al Ministerio de Economía y Hacienda la liquidación de sus presupuestos de 2010, una condición que la Ley de Economía Sostenible obliga a cumplir a las corporaciones locales para poder acceder a los fondos derivados de la recaudación de impuestos. Se trata de los consistorios de Adeje, Tacoronte, Candelaria, La Matanza de Acentejo (Tenerife), Santa María de Guía, Valsequillo, Valleseco (Gran Canaria), San Sebastián, Valle Gran Rey (La Gomera), Barlovento (La Palma) y Betancuria (Fuerteventura).
En rigor, lo que contempla la norma, vigente desde el pasado mes de marzo, es que el Ministerio de Economía retendrá estos ingresos desde octubre a los ayuntamientos que no hubieran enviado la auditoría del ejercicio fiscal del año anterior antes del 31 de marzo -el 31 de julio tras la prórroga establecida por el Gobierno central-. En este sentido, el Ministerio ha aclarado que las administraciones afectadas solo dejarán de percibir estos fondos desde octubre y en tanto no presenten la liquidación. En cuanto lo hagan, recibirán los pagos atrasados y también los nuevos.
Esta situación fue revelada ayer por el diario El País, que cifra en 2.514 los municipios que se encuentran en esta tesitura actualmente, algo menos de la mitad de los afectados a principios de julio, cuando ascendían a 5.126, según el censo del Ministerio de Economía.
Volviendo a Canarias, algunas de las corporaciones que figuran en este informe como "sin información" aseguran que sí han remitido la liquidación de las cuentas de 2010 -es el caso del ayuntamiento de Tacoronte-, mientras que otras, como la de Candelaria, matizan que aún están en plazo para evitar la retención de los fondos, puesto que si, como tienen previsto hacer, enviaran antes de octubre la documentación, evitarían este problema.
El porcentaje de "incumplidores" que se registra en el Archipiélago es bastante inferior al del conjunto del Estado. Los once municipios isleños que no han enviado información representan un 12% del total de la Comunidad autónoma, mientras que los 2.514 de toda España suponen casi un 31%. El perfil de los afectados es el mismo en todo el país: municipios medianos y pequeños y ninguna capital provincial.
Esta medida llega en un momento especialmente delicado para las arcas municipales, que, privadas -siquiera temporalmente- de unos ingresos que constituyen alrededor de una cuarta parte del presupuesto anual de los ayuntamientos, verían agravarse sus dificultades financieras.
Sin ingresos y con una deuda pendiente.
No solo la posibilidad de que el Estado suspenda determinados ingresos ahoga a los municipios. A esta situación hay que sumar las cantidades que tendrían que devolver, nada despreciables. En 2008 y 2009 el Estado, y las comunidades autónomas, previeron ingresos más altos de los que obtuvieron al final, pero la recaudación tributaria no alcanzó los niveles previstos. Ahora, las corporaciones locales tienen que devolver la parte que recibieron en exceso. El presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Lázaro Brito, ya advirtió al respecto de que "el panorama es bastante oscuro" para los ayuntamientos, como se vio en el caso del de Garafía, que en julio no pudo pagar la nómina por falta de liquidez. Brito manifestó que no le consta ningún otro caso como este consistorio palmero, pero subrayó que los municipios están asustados ante las cantidades que han de devolver al Estado, a la Comunidad autónoma e incluso a los cabildos por anticipos realizados. "La crisis está originando problemas no solo para atender las nóminas, sino también los gastos ordinarios", afirmó Lázaro Brito. "Si a eso le añadimos que los ingresos no crecen y tenemos que hacer frente a gastos de personal y corrientes, el panorama es bastante oscuro". La Fecam considera que los municipios deberían hacer frente a los servicios esenciales que legalmente corresponden a los ayuntamientos, pero han asumido competencias y gastos de otras administraciones. Según los cálculos de los ayuntamientos, el 30% de los servicios que prestan los municipios corresponde a otras administraciones, mientras disminuyen sus ingresos y las transferencias que reciben, dijo el presidente de la Fecam.
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